Operación contra la extracción ilegal minera en Huila evitó grave daño ambiental y afectó economías ilícitas
Bajo tierra se buscaba oro, sobre la superficie quedaban las huellas de un daño ambiental severo que podría tardar más de una década en recuperarse.
En zona rural del municipio de Hobo, donde el agua debería alimentar la vida campesina, los cultivos y los ecosistemas del centro del departamento, las autoridades encontraron un panorama distinto: estructuras improvisadas tipo cambuche y maquinaria empleada en actividades ilícitas que alteraban la fauna, la flora y el equilibrio ambiental de la región.
Tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 9, orgánico de la Novena Brigada, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y de manera interinstitucional con el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), adelantaron una intervención en la vereda Las Vueltas que permitió ubicar e intervenir dos unidades de producción minera utilizadas para actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros (EIYM).
Durante la operación militar fueron capturadas tres personas y se incautaron siete motobombas utilizadas para la extracción irregular de oro. Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer posibles vínculos de esta actividad ilegal con estructuras de finanzas de grupos armados organizados residuales que delinquen en el departamento del Huila, entre ellas el Bloque Jorge Suárez Briceño y su estructura Iván Díaz.
Más allá del material intervenido y las capturas realizadas, el principal impacto de esta operación fue evitar un daño ambiental de grandes proporciones, asociado a la deforestación y la contaminación de importantes fuentes hídricas.
De acuerdo con estimaciones de las autoridades competentes y ambientales, estas actividades ilícitas podrían generar una producción cercana a los 2.100 gramos de oro mensuales, con un valor comercial aproximado de 972 millones de pesos, recursos que presuntamente serían utilizados para fortalecer economías ilegales y capacidades logísticas y criminales de estos grupos armados organizados.
Así mismo, el material incautado representa una afectación económica superior a los 14 millones de pesos para estas estructuras ilegales.