MinDefensa radica paquete legislativo para fortalecer la seguridad nacional y ampliar beneficios a uniformados y sus familias

El Ministerio de Defensa Nacional presentó ante el Congreso de la República cuatro proyectos de ley orientados a enfrentar amenazas tecnológicas emergentes, modernizar el marco normativo de la defensa, dignificar la carrera militar y ampliar los beneficios para los integrantes de la Fuerza Pública y sus familias.

El primer proyecto establece un marco normativo para la regulación de drones y sistemas antidrones, ante el crecimiento del mercado de estas tecnologías y su uso por parte de grupos armados ilegales, que este año ya han ejecutado más de 160 ataques contra la Fuerza Pública.

La iniciativa define competencias entre autoridades civiles y militares para su regulación, crea registros nacionales y modifica el Código Penal para sancionar con mayor severidad el uso de estas aeronaves en actos terroristas.

“Es evidente la necesidad que tenemos por desarrollar esta iniciativa legislativa con el fin de establecer un marco normativo integral para la importación, fabricación, comercialización, uso, tenencia, porte, transporte, vigilancia y control de los drones y antidrones” advirtió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suarez, al tiempo que informó sobre el incremento del 138% de ataques con drones contra la Fuerza Pública, frente al año anterior.

Dentro de otros aspectos el proyecto busca:

• Creación y fortalecimiento del registro de los Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS) y Contramedidas (C-UAS)
• Regulación compartida entre DIAN, Aerocivil, MinDefensa y MinTIC para adquisición, comercialización y uso de drones.
• Multas de hasta $760.000 y decomiso por almacenamiento, comercialización o uso ilegal.
• Penas de hasta 90 meses de prisión por ataques con drones, agravadas si hay víctimas o afectaciones a infraestructura estratégica.

En ese mismo sentido, el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina, responsable de la regulación del espectro electromagnético señaló que: “Los drones, sin duda son unas aeronaves no tripuladas que están siendo usadas sin una reglamentación específica, sin una reglamentación de derecho duro. Hay algunas reglamentaciones de derecho blando que requieren elevarlas a ley para poder tener una mayor eficiencia y una mayor efectividad”.

Ley de Defensa Nacional

El segundo proyecto busca dotar al país de una Ley de Defensa Nacional, que articule las capacidades del Estado, el sector privado y la ciudadanía en la protección de la soberanía, los derechos humanos y la gobernanza. La propuesta incluye la creación del Sistema de Defensa Nacional y del Consejo de Defensa Nacional como instancias permanentes de articulación, planificación y asesoría al Presidente.

Estatuto para soldados profesionales e infantes de marina profesionales

El tercer proyecto propone un nuevo estatuto para soldados profesionales e infantes de marina profesionales, con el fin de mejorar sus condiciones de ingreso, carrera, formación y retiro, luego de más de dos décadas sin modificaciones en esos aspectos. Se contempla una profesionalización más sólida, incentivos durante la formación, nuevas distinciones y ascensos, y mayores beneficios para quienes se retiren tras años de servicio o mueran en cumplimiento del deber.

Para destacar:

• Bonificación durante la formación pasa del 33% al 50% del salario mínimo.
• Nuevo régimen de carrera con formación por áreas y evaluación objetiva.
• Distinciones a dragoneantes, condecoraciones y ascensos póstumos.
• Beneficios para la reserva activa y soldados retirados.

Proyecto para el fortalecimiento de Caja Honor

Finalmente el Ministro presentó la iniciativa legislativa que fortalece a Caja Honor, entidad encargada de facilitar el acceso a vivienda para los miembros de la Fuerza Pública, en el articulado se plantea que el aumento del aporte del Estado para subsidios y amplia su capacidad para ofrecer otros productos financieros que mejoren la calidad de vida de los uniformados.

El texto del proyecto contempla:

• Aporte estatal que pasa del 4% al 5% de la nómina para subsidios de vivienda.
• Facultad para que la Junta defina montos con criterios de equidad y sostenibilidad.
• Ampliación del objeto para ofrecer créditos educativos y personales.