Víctimas de la guerrilla en Puerto Alvira (Meta) recibirán compensación por predio abandonado hace 27 años
En una decisión que reivindica el derecho a la reparación de las víctimas del conflicto armado, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó la compensación económica a favor de una familia que fue forzada a abandonar su predio en la inspección de Puerto Alvira, en el municipio de Mapiripán (Meta).
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en el Meta, celebró el hecho: “esta sentencia dignifica a las víctimas de Puerto Alvira y de Mapiripán, territorios profundamente golpeados por el conflicto. Reconocer su sufrimiento y brindarles una compensación justa es un paso hacia la reparación integral que merecen”.
La historia de esta familia, integrada por una pareja de esposos y su hija, se remonta al año 1996, cuando adquirieron un terreno de 126 metros cuadrados ubicado en el centro de Puerto Alvira. Allí vivieron hasta marzo de 1998, cuando se vieron obligados a desplazarse tras la incursión armada de la guerrilla de las Farc en la zona.
El detonante de su desplazamiento fue un acto de osadía del jefe del hogar, quien encontró un fusil abandonado y lo entregó a la Fuerza Pública. Este hecho provocó que la guerrilla lo señalara como colaborador del Ejército, declarándolo objetivo militar. La situación se agudizó cuando su hermano, un reconocido líder social y propietario de una droguería local, fue asesinado por hombres encapuchados tras negarse a seguir abasteciendo gratuitamente a los insurgentes, quienes le debían más de 30 millones de pesos en medicamentos.
Además, el solicitante recibió amenazas directas por parte de alias “Jhon Einer”, lo que llevó a la familia a huir hacia Villavicencio. Sin embargo, allí también fueron perseguidos, por lo que se vieron obligados a desplazarse hacia San Martín.
Ante el dolor acumulado, la desintegración familiar (la pareja terminó divorciada) y la imposibilidad de regresar a su lugar de origen, el juez concluyó que la familia perdió el arraigo con su tierra, por lo cual ordenó una compensación económica como medida de restitución.
La justicia ordena al IGAC que realice el avalúo catastral del inmueble, que pasará a ser administrado por el Grupo Fondo de la URT, entidad que realizará la compensación económica a los beneficiarios. Entre tanto, se insta a otras instituciones del Estado a brindar su oferta para garantizar la reparación integral.