La JEP acredita a 31 víctimas de atentados con “rockets” de las extintas Farc-EP ocurridos el 7 de agosto de 2002

31 víctimas de los atentados con “rockets” que las extintas Farc-EP lanzaron en Bogotá el 7 de agosto de 2002 fueron acreditadas por la JEP para participar en el proceso judicial del Caso 10. Se trata de sobrevivientes y familiares de los afectados por los ataques con “rockets” que perpetró la antigua guerrilla el día de la posesión del expresidente Álvaro Uribe Vélez ante el Congreso.

Ese día, exintegrantes de la antigua guerrilla, presuntamente del Frente Urbano Antonio Nariño, lanzaron 14 “rockets” a diferentes horas y en distintos lugares de la capital. A las 9:15 de la mañana cayó el primero en la Escuela de Cadetes José María Córdova.

A las 3:15 de la tarde, cuando el expresidente Uribe oficializaba su llegada al poder, miembros de ese antiguo grupo armado lanzaron varios “rockets” más. Uno cayó en el parqueadero de la Casa de Nariño, otros en el Congreso, así como en el barrio San Victorino y “El Cartucho”, una zona donde vivían personas en condición de habitabilidad de calle. Por ese atentado, alrededor de 27 personas murieron y 69 terminaron heridas.

Para encontrar específicamente a las víctimas de los atentados con “rockets”, la Jurisdicción ordenó inspeccionar las secretarías de Salud e Integración de la Alcaldía de Bogotá; la Alcaldía local de San Cristóbal y el Batallón de Infantería número 37 ‘Guardia Presidencial’ del Ejército. Además, por orden judicial, accedió a diferentes bases de datos para obtener datos de contacto.

Como parte del proceso judicial, el 22 de junio de este año, la JEP realizó una jornada en la que por primera vez víctimas de este atentado se reunieron, se conocieron y decidieron acreditarse voluntariamente ante la Jurisdicción.

Entre las víctimas acreditadas está Henry Moreno, un reciclador que hoy tiene 69 años, quien perdió una pierna por el ataque. Dice que decidió venir a la JEP “después de que he ido todos estos años a siete entidades y todas me han dicho que mi caso está perdido, que para mí no hay nada, pero siempre pensé que debía haber algo, alguien”. Además, habló de los retos que ha tenido en su vida: “No es lo mismo trabajar con una pierna que con dos”.

A la JEP también llegó Gerson Castiblanco Corona. Tenía seis años cuando uno de los “rockets” cayó en su casa, en el barrio San Fernando. Recordó que para recuperarse del accidente le hicieron 50 cirugías y estuvo tres meses en estado de coma. Hoy, después de 22 años, sigue teniendo problemas para caminar.
Diana Milena Ochoa Gavilán, por su lado, recordó que su hija tenía tres años cuando uno de los “rockets” explotó en su casa, en el barrio La Estanzuela. “Subí al tercer piso y vi a mi hija encima del marco de una puerta (…) Debajo de ella había dos niñas muertas”. Diana perdió su trabajo, tuvo que pedir dinero en la calle y luego se dedicó a la venta ambulante de dulces para intentar conseguir dinero para tratamientos médicos. Hoy ella y su familia siguen con graves secuelas físicas y psicológicas por lo que pasó.

El Caso 10, que lideran las magistradas Julieta Lemaitre y Marcela Giraldo, decidió acreditar a un total de 31 víctimas por las pruebas documentales que entregaron y la información de contexto recopilada por la Oficina Asesora de Atención a Víctimas de la JEP.

Para acreditar a las víctimas, la JEP conoció que el 2 de marzo del 2005, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a varios exintegrantes de las Farc-EP por estos hechos. Recibieron penas de entre 26 y 40 años de cárcel. A ellos les fueron imputados los delitos de homicidio agravado, terrorismo agravado, rebelión, falsedad personal y tentativa de homicidio. La JEP se alista para realizar nuevos llamados a versiones a los comparecientes de la extinta guerrilla que les permitan a las víctimas esclarecer estos hechos.

¿Qué viene para las víctimas acreditadas?

Las víctimas acreditadas en el Caso 10 podrán participar en las etapas del procedimiento previstas para ello. Este caso investiga los hechos cometidos por la antigua guerrilla que no habían sido investigados en otros casos abiertos por la Sala de Reconocimiento. Entre esos hechos están homicidios, masacres, desplazamientos y desapariciones forzadas, violencia sexual, así como el uso de medios y métodos ilícitos de guerra.

Estos hechos fueron agrupados en tres patrones de violencia: 1) los crímenes no amnistiables cometidos en el contexto del control social y territorial, 2) aquellos cometidos durante los ataques de la guerrilla, y 3) aquellos perpetrados en contextos urbanos. Se trata de crímenes que no pueden ser amnistiados. Es decir, que no pueden recibir perdón judicial, y deben ser investigados, juzgados y sancionados.

Entre otras, las víctimas recibirán acompañamiento psicosocial, tendrán acceso a un abogado gratuito, tendrán la posibilidad de hacer preguntas y presentar observaciones sobre lo que digan los exguerrilleros de las Farc-EP en las audiencias. Asimismo, podrán participar en la definición de los proyectos de sanciones que se impongan a los comparecientes.

“Sabemos que estos procesos no son fáciles. Fueron hechos victimizantes que es difícil recordarlos, revivirlos y estar presente. Es un proceso para el que necesitamos no solo el acompañamiento jurídico, sino el psicosocial para que podamos construir esta verdad entre todos y conocer lo ocurrido de una manera que sea restaurativa”, dijo la magistrada Marcela Giraldo.

¿Cuáles son las zonas priorizadas en la investigación?

El Caso 10 tiene cobertura nacional y busca cubrir otros crímenes de la antigua guerrilla que no han sido investigados en otros casos de la JEP.

Para cumplir con su mandato, haciendo un uso eficiente de los recursos disponibles, la Sala de Reconocimiento decidió hacer la investigación de este caso por etapas y de manera escalonada. La primera etapa de esta investigación cobija el área de influencia del Comando Conjunto Central de las extintas Farc-EP en los departamentos de Quindío, Tolima y Huila. También abarca algunas áreas donde operaban el Bloque Oriental y el Bloque Sur en Sumapaz, Cundinamarca y Bogotá, el norte y oriente del Huila, el piedemonte amazónico, San Vicente del Caguán, Sur del Meta y Llanos del Yari. Esta área del país corresponde, además, a lo que en su momento la antigua guerrilla consideró como su «Centro de despliegue estratégico».

Esta fase inicialmente investiga hechos que marcaron la historia del país, como el atentado al Club El Nogal (2003), donde murieron 36 personas y 198 resultaron heridas (de estas ya hay 40 víctimas acreditadas); los atentados contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras (2002 y 2005); contra el expresidente del gremio de los ganaderos, Fedegán, Jorge Visbal Martelo (2003), y el exministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos (2012), en el que terminaron afectados al menos 40 civiles.

Además de estos casos emblemáticos, la JEP investigará delitos cometidos por las extintas Farc-EP en otros lugares del país. A la fecha, este caso ha recibido 1.300 solicitudes de acreditación de víctimas, de las cuales 702 ya fueron reconocidas. Muchas de estas víctimas se encuentran en vulnerabilidad social y económica.