Es imperativo garantizarles su vida e integridad a las mujeres transgénero en Colombia
Entre febrero y abril del año en curso fueron asesinadas ocho mujeres transgénero en el país, motivo por el que es sumamente preocupante para la Defensoría del Pueblo que siga siendo esa población la que, con mayor rigor, soporta la marginación y la violencia en su grado más extremo, situación que ha sido alertada en varias oportunidades por la entidad.
Ellas eran Luisa Mome, Paulina Smith Arroyave, Macarena Acuña y Sharon Muñoz Zúñiga, ultimadas en el Valle del Cauca; Luciana Román y Verónica Dantez, víctimas de los violentos en Bogotá; Valentina Barrera Delgado en Nariño y Thaliana Fajardo, a quienes unos intolerantes les segaron sus vidas en el departamento del Tolima.
“Desde la Defensoría repudiamos los homicidios, amenazas y violencia por prejuicio exacerbada en contra de esa población, que también goza de los mismos derechos que cualquier grupo poblacional o persona residente en el territorio nacional”, expresa el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La institución de derechos humanos les ha venido brindando acompañamiento y representación jurídica a las familias de las víctimas que han podido ser contactadas por las Duplas de Género. El fin es hacer el abordaje, por medio de espacios institucionales, y seguimiento de los casos, con el propósito de solicitarles las debidas medidas de prevención y atención.
El acompañamiento hecho y la necesidad de actualizar la política pública LGBTI
Durante el 2023 la entidad, con las y los funcionarios de su Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, acompañó 119 casos de violencia por prejuicio contra mujeres transgénero, de los cuales 47 estuvieron relacionados con barreras en el acceso a la salud y 48 hechos fueron de hostigamiento y violencia institucional por uniformados de la Policía Nacional.
Si bien el Gobierno Nacional realizó el año anterior avances significativos y acciones para impulsar las voces LGBTI, el Defensor le hace un llamado: “El Ministerio del Interior y la Dirección LGBTIQ+, adscrita al Ministerio de la Igualdad, deben cumplirle a la ciudadanía OSIGD-LGBTI en la actualización de la política pública LGBTI, garantizándole su participación en la construcción del plan de acción, sin vigencia desde el 2022”.
Sobre la Mesa Nacional de Casos Urgentes
Así mismo, Camargo Assis le solictia al Gobierno activar de manera inmediata las mesas técnicas y darle celeridad a la reglamentación de la Mesa Nacional de Casos Urgentes y al Sistema Nacional de Participación LGBTIQ+.
La entidad, justamente en la primera Mesa Nacional de Casos Urgentes le hizo un llamado al Ministerio del Interior para que revisara las dinámicas de trabajo de la misma Mesa, la cual no sesionaba desde hace más de cinco meses.
Frente al contexto actual tan crítico de violencia, le pide llevar a cabo de manera presencial y no virtual una sesión, resaltándole que el espacio cuenta con los documentos técnicos formulados para su aprobación desde agosto del 2023 y el apoyo de la Defensoría del Pueblo.