Cambio Radical pide a organismos electorales garantías de imparcialidad ante consultas interpartidistas
Cambio Radical solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral la adopción de medidas inmediatas que garanticen la imparcialidad del proceso electoral del próximo 8 de marzo, en especial para proteger los derechos de los partidos políticos que no participarán en las consultas interpartidistas, como es el caso de esta colectividad.
Para Cambio Radical, resulta fundamental socializar y difundir lo establecido en la Ley Estatutaria 130 de 1994, la cual dispone de manera clara que la tarjeta electoral de las consultas debe ser suministrada únicamente a los ciudadanos que la soliciten de forma expresa y voluntaria.
“ARTÍCULO 10. CONSULTAS INTERNAS. La organización electoral colaborará en la realización de consultas internas de los partidos y movimientos con personería jurídica que lo soliciten a través de sus respectivas autoridades estatutarias, para escoger candidatos a la Presidencia de la República, gobernaciones departamentales y alcaldías distritales y municipales, así como para tomar decisiones relacionadas con su organización interna o la modificación de sus estatutos. Estas consultas podrán efectuarse en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal.
(…) Para las consultas se utilizará una urna separada y los jurados de votación solo suministrarán la tarjeta electoral a quienes la soliciten.”
En este contexto, durante la mañana de hoy el director de Cambio Radical sostuvo una reunión con el registrador nacional, Hernán Penagos, en la que reiteró la necesidad de que esta instrucción sea socializada de manera formal con todas las organizaciones políticas y comunicada de forma clara, precisa y uniforme durante la capacitación de los jurados de votación. En dicho encuentro, el registrador coincidió en que la norma es clara y manifestó su disposición para garantizar su estricto cumplimiento, señalando que se impartirán las instrucciones correspondientes con el fin de evitar interpretaciones erróneas que puedan afectar la transparencia y la equidad del proceso electoral.