Defensoria del Pueblo rechaza ataque sicarial a funcionarios del Inpec, donde falleció menor de 11 años

El día de hoy se presentó un atentado contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en la ciudad de Neiva, Huila, en el que perdió la vida el hijo del director del Establecimiento de Mediana Seguridad, de 11 años, y resultó gravemente herido el subdirector de dicho centro de reclusión.

Este hecho no puede ser entendido como un caso aislado. Se suma a una cadena de violencias que incluye, entre otros, el asesinato del director de la Cárcel Modelo en mayo de 2024 y los múltiples atentados registrados contra funcionarios del INPEC en 2025, que cobraron la vida de dragoneantes y servidores administrativos en Bogotá, Cali, Tulúa, Armenia y Cartagena.

La persistencia de estos hechos evidencia fallas graves en las estrategias de prevención y protección.

Reiteramos, una vez más, la urgente necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad y protección del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC y de todo el personal penitenciario. Quienes cumplen esta labor esencial para el Estado y la sociedad lo hacen en contextos de alto riesgo, expuestos a amenazas y agresiones, sin que existan aún respuestas estructurales suficientes que garanticen su vida e integridad, así como la de sus familias.

Desde octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo ha recomendado al Ministerio de Justicia y del Derecho evaluar integralmente las condiciones laborales y de seguridad del personal penitenciario, fortalecer la
coordinación interinstitucional en los traslados, revisar perfiles de riesgo, diseñar una ruta integral de protección a la vida, y brindar acompañamiento psicosocial y jurídico a las familias de funcionarios heridos o fallecidos. Este llamado, hoy, adquiere una dolorosa vigencia y urgencia.

Ante lo ocurrido, la Defensoría del Pueblo insta:

● A la Fiscalía General de la Nación, a adelantar investigaciones prontas y eficaces que permitan esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
● A las autoridades nacionales y territoriales, a adoptar de manera inmediata medidas efectivas de protección para las y los servidores del sistema penitenciario y sus familias.
● Al Gobierno nacional y a las entidades competentes, a fortalecer de forma integral las acciones de prevención, seguridad y protección en los establecimientos de reclusión.
● A priorizar el diseño e implementación de una política robusta de protección a la vida e integridad del personal del cuerpo de custodia y vigilancia y del personal administrativo del INPEC.

A través de su Regional Huila, la Defensoría del Pueblo brinda acompañamiento institucional a las familias afectadas y acompla actuación de las autoridades competentes, en el marco de sus funciones constitucionales, para garantizar una atención adecuada y protección de los derechos de los afectados.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo insiste en que la humanización del sistema penitenciario y carcelario no puede circunscribirse únicamente a la garantía de derechos de las personas privadas de la libertad. El Estado
colombiano tiene también el deber ineludible de proteger la vida, la integridad y la dignidad de quienes, desde el servicio público penitenciario, cumplen la misión de custodiar, resocializar y garantizar el orden en los
centros de reclusión. Sin seguridad para ellos y sus familias, no es posible construir un sistema penitenciario verdaderamente humano y conforme a la Constitución.

La Defensoría del Pueblo expresa su solidaridad y acompañamiento a los padres y familiares del niño, cuya vida fue arrebatada de manera violenta, así como a la familia del subdirector herido. Compartimos su dolor y nos unimos al llamado por verdad, justicia y garantías de no repetición.