Reclaman más de 21.000 hectáreas para Resguardo Indígena en el Meta
Con el propósito de restituir los derechos territoriales de una comunidad en el Resguardo Indígena Macuare, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante un juzgado especializado de Villavicencio.
El territorio colectivo Macuare está conformado por 80 indígenas Jiw, integrados en 9 familias que se ubican entre la inspección de Puerto Alvira y las veredas Costa Rica, Yamu y Mocuare del municipio de Mapiripán, en el Meta.
César Santoyo, director territorial de la URT en dicho departamento, indicó que con la acción judicial se pretende reclamar 21.188 hectáreas y 317 metros cuadrados a favor de esta comunidad afectada por confinamiento, despojo y abandono forzoso.
Señaló que “el acompañamiento del equipo étnico de la Unidad tiene, como objetivo principal, lograr la reparación integral del resguardo indígena, que ha sido víctima del conflicto y afectado por la presencia de minas antipersonal sembradas por grupos armados al margen de la ley”.
Entre las principales pretensiones de la demanda se encuentran: garantizar el goce y disfrute pleno de los derechos territoriales -para lo cual se solicitó, en concertación con la comunidad indígena, el diseño e instalación de vallas alusivas a los límites del resguardo-; la socialización de las actividades adelantas por la Acción Integral Contra Minas Antipersonal en el territorio colectivo; la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva; y la protección de los derechos a la salud, etnoeducación, y medio ambiente, mediante órdenes dirigidas a las entidades competentes del Estado.
Asimismo, la Unidad solicitó al juez ordenar a la Fiscalía General de la Nación que adelante las respectivas investigaciones de los hechos de los que ha sido víctima el Resguardo Indígena Macuare, toda vez que fueron denunciados y expuestos por la comunidad en el escrito de la demanda de restitución.
En la jurisdicción de Meta y Guaviare, la URT tiene a su cargo 48 casos que buscan el restablecimiento de los derechos territoriales de comunidades étnicas, con los cuales está reclamando ante la justicia más de 2 millones de hectáreas.