Ejército Nacional desmantela laboratorio con más de 120 kilos de clorhidrato de cocaína en Boyacá

En desarrollo de operaciones coordinadas e interinstitucionales del Ejército Nacional con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, gracias a informaciones de inteligencia, en el marco del cumplimiento del Plan Ayacucho y en continuidad de la lucha contra el narcotráfico, tropas del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez lograron en las últimas horas la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, que sería parte de las finanzas ilícitas que alimentan las redes del narcotráfico de los grupos armados organizados, y que estaba ubicado en el departamento de Boyacá, área rural de Garagoa.

Se logró la ubicación y desmantelamiento de este laboratorio, conformado por 8 estructuras de madera, que en medio de un área boscosa escondía cerca de una tonelada de insumos sólidos como cloruro de calcio, bisulfito de sodio, permanganato y clorhidrato, entre otros, así como más de 4000 galones de insumos líquidos, como acetona, ACPM y gasolina.

Además, se incautaron 6 hornos microondas, un transformador, un refinador artesanal ‘marciano’, una prensa hidráulica, 4 cilindros de gas, así como grameras, marquillas, una estufa industrial y papel para filtro, entre otros elementos que son usados para el procesamiento de hasta una tonelada de clorhidrato de cocaína al mes.

El material fue dejado a disposición de las autoridades competentes, y la estructura fue destruida de manera controlada, de acuerdo a los protocolos y parámetros legales vigentes.

Con el desmantelamiento de este laboratorio se afectan las rentas y economías ilícitas de los grupos armados organizados de la región central y oriental del país, pues la incautación de los materiales está valorada en cerca de 820 millones de pesos, lo que evita la salida al comercio ilegal de más de 50.000 dosis de coca.

El Ejército Nacional, a través de la Décima Sexta Brigada, ratifica el cumplimiento del mandato constitucional y legal en la lucha contra los diferentes delitos de manera articulada con las demás instituciones y entidades del Estado, para procurar la defensa de los derechos y libertades de los pobladores.