Defensoría del Pueblo había advertido sobre riesgos en Quetame, donde una avalancha arrasó toda una vereda
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, conoció de primera mano los testimonios de algunos damnificados de la avalancha que arrasó la vereda El Naranjal, en el municipio de Quetame, departamento de Cundinamarca, durante una visita a la zona de la tragedia. Desde allí, el garante de los derechos de los colombianos señaló que esta fue una tragedia anunciada y que las autoridades no tomaron las medidas para evitarla.
En 2015, la Defensoría del Pueblo radicó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. A través del recurso, solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Coviandes y la Gobernación de Cundinamarca que hicieran los análisis y estudios necesarios debido a la afectación de riesgo que enfrentaba la población de Quetame por el trazado de la vía.
“Este mecanismo jurídico fue realizado porque la zona tiene un alto impacto por las características hidrológicas y meteorológicas, lo que ponía en riesgo a la comunidad”, explicó el Defensor del Pueblo.
La acción popular fue admitida en 2016, año en el que comenzaron a adelantarse audiencias en las que les ordenaron a las entidades atender las necesidades de las comunidades. Sin embargo, “el desacato de los entes nos obligó, en septiembre del 2022, a enviar un memorial al Consejo de Estado solicitando revisar las decisiones del Tribunal de Cundinamarca y señalando que había una alerta roja, luego de que IDEAM advirtiera el incremento de las lluvias”, recalcó el Defensor del Pueblo.
Agregó: “Es inadmisible que una autoridad judicial tenga que decirle a una autoridad administrativa lo que debe hacer, sobre todo, cuando hay un riesgo inminente que afecta los derechos a la vida e integridad de las comunidades”.
El Defensor del Pueblo hizo un llamado para que las autoridades tomen las medidas y garanticen los derechos fundamentales de las personas afectadas, incluidas las de quienes habitan en Guayabetal y Puente Quetame, donde también fueron advertidos los graves riesgos que sigue enfrentando la población.
“Nos solidarizamos con las familias afectadas. Vinimos para expresarles nuestro acompañamiento incondicional y propender para que les sean garantizados sus derechos. Desde el primer momento de la tragedia, uno de nuestros equipos se trasladó hasta aquí para acompañar las labores humanitarias en beneficio de las comunidades afectadas y trabajar en la protección de sus derechos”, aseguró Carlos Camargo Assis.
La Defensoría del Pueblo mantendrá su equipo en el lugar de la tragedia el tiempo que sea necesario para que los damnificados sean atendidos en salud, no les falte el mínimo vital y, a quienes perdieron a sus seres queridos por la avalancha, puedan recibir apoyo funerario.