Alcaldía no suscribirá convenio para actualización catastral rural en Yopal

Así lo dio a conocer el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Edgar Iván Paerez, quien informó que, tras un análisis técnico y jurídico riguroso, la Administración Municipal ha tomado la decisión de no suscribir ningún tipo de documento contractual, ni convenio especial con la Empresa Industrial y Comercial del Estado CATASIG, relacionado con procesos de actualización catastral en el área rural de Yopal.

Dicha decisión obedece a la verificación de requisitos esenciales para la suscripción de convenios de esta naturaleza, los cuales no se cumplen en su totalidad, por lo cual el alcalde Marco Tulio Ruíz, tomó la determinación de no avanzar en este proceso, hasta que no haya garantías de que se cumple con las especificaciones técnicas y legales, para una actualización transparente, acorde a las características del campo.

“Hemos dado estricto cumplimiento a lo establecido en los actos contractuales suscritos en el año 2023, particularmente en lo que respecta al convenio marco del sector rural, lo que refuerza la decisión de abstenerse de avanzar en procesos que no cuentan con respaldo jurídico y técnico suficiente” sostuvo Paerez.

Agregó que, cualquier actuación en materia de catastro debe estar precedida por la formalización y solemnidad de un contrato escrito, que delimite con claridad los alcances, obligaciones y condiciones de ejecución. En este caso, no se han acreditado las condiciones específicas que exige la normatividad vigente para que la empresa Catasig pueda adelantar una actualización catastral en la zona rural del municipio.

Por su parte, Narda Perilla, secretaria de Planeación, expresó que desde esta cartera se han dispuesto todos los protocolos para analizar de manera minuciosa cada fase de este proceso, por lo cual es fundamental la protección del interés general de las familias rurales.

Finalmente, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica destacó que es fundamental reiterar que no se puede iniciar ningún tipo de actuación contractual sin contar previamente con la debida disponibilidad presupuestal, aspecto que también ha sido evaluado por esta Administración, en aras de garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad fiscal.