Por presunto prevaricato y abuso de autoridad Procuraduria formuló cargos a Zoila Rosa Angulo
POR PRESUNTO PREVARICATO Y ABUSO
El ente de control también formuló cargos a otros 3 funcionarios de la alcaldía del municipio de Yopal por presunta extralimitación de funciones.
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos a la exalcaldesa encargada del municipio de Yopal, Casanare (2017), Zoila Rosa Angulo Rodelo, por expedir un decreto con el que modificó el procedimiento para elegir al gerente de la Empresa de Servicios Públicos CEIBA EICE (ESP) en un presunto prevaricato por acción y abuso de autoridad.
El ente de control investiga si Angulo Rodelo, al parecer, se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al expedir un decreto en el que declaró insubsistente al entonces gerente de la ESP, quien tenía un nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2019, con lo que habría incurrido en un prevaricato.
El Ministerio Público busca establecer si esta conducta vulneró la normatividad existente, que le otorgaba al alcalde la potestad de nombrar por una única vez al gerente de la empresa y fijaba la fecha hasta la cual estaría en el cargo.
Asimismo, formuló un segundo cargo por reformar los estatutos de la empresa y modificar el mecanismo de vinculación del encargado de la CEIBA EICE, para lo que habría revocado artículos y parágrafos de las normas, con lo cual la persona dejaba de ser nombrada mediante concurso de méritos y pasaba a ser de libre nombramiento y remoción.
Provisionalmente, las faltas cometidas fueron calificadas por el órgano de control como gravísimas a título de dolo.
La entidad también formuló cargos al, jefe de la Oficina Asesora Jurídica y el subsecretario de Talento Humano municipal de Yopal, Jhon Kennedy Wilches Carreño y Carlos Alberto Colón Suárez, por presuntamente extralimitación al aprobar la expedición de los decretos; y al secretario general del municipio, Bradixon Calixto Gaitán, por revisar y dar su visto bueno, pues según el manual de Requisitos y Competencias Laborales, no tenía dichas funciones asignadas.
En este caso la presunta falta de los servidores se calificó como grave cometida a título de dolo