Defensoría del Pueblo pide medidas urgentes ante riesgos para la población civil en Casanare
La expansión de la confrontación armada desde Arauca hacia el noroccidente del Casanare pone en alto riesgo los derechos humanos de la población de los dos departamentos. Por esta razón, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) 027 de 2026, solicitando al Estado proteger a los habitantes de esa zona del país.
La AT es emitida para los municipios casanareños de La Salina, Sácama y Támara, así como para sectores de Hato Corozal, particularmente donde se ubica el resguardo indígena Chaparral Barro Negro. El escenario de riesgo advertido se caracteriza por el posible aumento de la confrontación armada y de las acciones violentas derivadas de la disputa territorial entre el Frente Adonay Ardila Pinilla (adscrito al Frente de Guerra Oriental, del Ejército de Liberación Nacional, ELN) y el Frente 28 (del Comando Conjunto de Oriente, del autodenominado y disidente EMC, bajo el mando de ‘Iván Mordisco’).
La AT identifica un proceso de retoma y expansión territorial del Frente 28, con apoyo del Frente 10, mediante el traslado de su estructura armada y la instalación de campamentos en zonas de difícil acceso, así como acciones del ELN para contener su progresión en el territorio. Los municipios alertados se ubican en corredores estratégicos de movilidad del Piedemonte Llanero que conectan al Casanare con Arauca, Boyacá y el centro del país.
Esta ubicación es aprovechada por las estructuras armadas ilegales para movilizar a sus integrantes, transportar armas e insumos, instalar campamentos y ejercer mecanismos de control territorial. La Alerta Temprana también registra presiones y cobro de ‘impuestos’ a comerciantes, contratistas y empresas que están en la región. Control social La Defensoría del Pueblo advierte sobre la intensificación de las prácticas de control social y coacción ejercidas por los grupos no estatales sobre la población civil.
Estos aplican ‘manuales de convivencia’ abusivos, registros casa a casa, requisas de dispositivos móviles, censos y confinamientos. Adicionalmente, se tiene conocimiento de la instalación intensiva de minas antipersonal (map), artefactos explosivos improvisados (aei) y municiones sin explotar (muse).
La presencia de estos artefactos en caminos veredales, predios agrícolas y proximidades de centros educativos constituye una amenaza constante contra la vida de las y los pobladores, y limita severamente las actividades cotidianas. Grupos vulnerables El impacto humanitario puede generar afectaciones diferenciadas en grupos de especial vulnerabilidad.
Por ello, la Defensoría alerta sobre el riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales, incluso para actividades relacionadas con la confrontación armada. La entidad también alerta sobre las afectaciones y amenazas a la autonomía y al gobierno propio del pueblo indígena U’wa (Resguardos Guanu´wa Rauriu´wa, antes asentamiento Kera Sikara y Chaparral Barro Negro).
De igual forma, se advierte sobre amenazas, estigmatización y desplazamiento que afectan a personas firmantes del Acuerdo Final de Paz en proceso de reincorporación y la intimidación constante a lideresas y líderes de juntas de acción comunal (JAC) y servidoras y servidores públicos locales. Recomendaciones estratégicas Ante esta crítica situación humanitaria, la Defensoría del Pueblo formuló 28 recomendaciones estratégicas dirigidas a las autoridades del orden nacional, departamental y municipal.
La entidad hace un llamado al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, fuerza pública, Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Unidad Nacional de Protección (UNP), Unidad para las Víctimas (Uariv), Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Gobernación de Casanare y alcaldías locales.
Estas recomendaciones se estructuran en ocho ejes fundamentales: coordinación de la respuesta rápida a cargo de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), disuasión del contexto de amenaza, investigación y acceso a la justicia, prevención y protección, fortalecimiento comunitario y organizativo, asistencia y acción humanitaria integral, mitigación de vulnerabilidades sociales, así como seguimiento del Ministerio Público.
Las Alertas Tempranas son preventivas, no predictivas, y su propósito es salvaguardar la vida, la libertad y la integridad de las comunidades.