Ex integrante del Ejército fue enviado a la cárcel, señalado de abuso a una niña indígena
Luego de valorar el material de prueba presentado por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra Eliecer Rodríguez Reinoso, un exintegrante del Ejército Nacional que habría abusado sexualmente de una niña indígena de 13 años en Guaviare, en 2016.
Esta persona, soldado regular para la fecha de los hechos, presuntamente abordó a la menor de edad que, en compañía de una compañera del colegio, se bañaba en el caño Refugio, en la vía Barrancón, en inmediaciones de San José del Guaviare. Al parecer, luego de presentarse con otro nombre y dialogar con ella, la agredió sexualmente.
La víctima, perteneciente a la etnia Sikuani, se abstuvo de revelar lo sucedido durante tres años. Finalmente, a finales de 2019 decidió contarles a algunos familiares, y ampliar su versión ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Desde entonces, a través de una metodología de enfoque diferencial, la Fiscalía verificó las versiones entregadas por la niña y su amiga, y encontró absoluta coincidencia en los relatos.
De esta manera, se pusieron en marcha diversas actividades de policía judicial para establecer la identidad real del señalado abusador, pues usaba el nombre de Cristian. Luego de acreditar que sería el hoy procesado, se obtuvo la respectiva orden de captura, que fue materializada por personal del CTI en Bogotá.
En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó a Eliecer Rodríguez Reinoso el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El cargo no fue aceptado por el procesado.
De otra parte, la Fiscalía General de la Nación cerró la investigación por el supuesto abuso sexual a una niña indígena en Guaviare por parte de un militar estadounidense.
Testimonios, abundante documentación y otros elementos de prueba obtenidos por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos indican que el caso no ocurrió. Asimismo, no hay evidencia que soporte la existencia de la víctima y de su estado de embarazo, como fue informado públicamente.