Carolina Corcho y Gustavo Bolívar radicaron hoy Tutela al CNE en el Tribunal Superior de Cundinamarca
Carolina Corcho y Gustavo Bolívar, precandidatos por el Pacto Histórico a la consulta popular del próximo 26 de octubre, radicaron hoy una tutela ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el fin de que sean amparados los derechos fundamentales a la participación política, el debido proceso y la igualdad.
La tutela, radicada esta mañana con carácter de urgencia dado que el próximo viernes 26 de septiembre vence el plazo para la inscripción de candidaturas, busca un pronunciamiento por parte del Tribunal Superior amparando los derechos a la participación política, al debido proceso y a la igualdad, de cara a los condicionamientos hechos por el CNE a través de la reciente resolución que otorga personería jurídica condicionada, de la cual por lo demás aducen incurrió en demoras que inciden también en el proceso.
En efecto, la Resolución 09673, expedida el 17 de septiembre por el CNE, condiciona la existencia legal del movimiento a la conclusión de procesos sancionatorios en curso contra partidos que integran la fusión. Según su argumentación, esta decisión “cercena los derechos de millones de electores y militantes”, y deja en vilo jurídico la posibilidad de participar en la consulta popular programada para el 26 de octubre.
Un perjuicio irremediable
La acción solicita como medida provisional la suspensión parcial de los efectos de la resolución, y al mismo tiempo que se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil permitir la inscripción inmediata de sus precandidaturas presidenciales y legislativas. Los accionantes recuerdan que en las elecciones de 2022 la coalición se consolidó como la principal fuerza de izquierda del país, alcanzando más de once millones de votos, lo que, a su juicio, refuerza la legitimidad de su reclamo.
El recurso enfatiza que no existen razones jurídicas para impedir el reconocimiento pleno de la personería, pues el acuerdo de fusión establece que el nuevo partido asumirá de manera solidaria las obligaciones y sanciones de sus integrantes. De no prosperar la medida cautelar, advierten, se produciría un “perjuicio irremediable” al quedar excluidos de la contienda electoral de 2025, vulnerando así los derechos políticos de quienes buscan ser elegidos y de sus electores.
Ahora, el Tribunal Superior de Cundinamarca deberá pronunciarse en los próximos días sobre la procedencia de la medida provisional solicitada. En el corto plazo, se definirá si el Pacto Histórico logra inscribir sus candidaturas y participar en la consulta del 26 de octubre o si, por el contrario, enfrenta un bloqueo institucional que pondría en riesgo su presencia en las elecciones de 2026.
Amenazas a la legitimidad
Además de la argumentación contra la resolución del CNE, el documento reitera que la demora en el fallo administrativo y la condición impuesta impiden la inscripción de candidaturas en los plazos establecidos, afectando la democracia participativa y pluralista.
El documento sostiene, además, que la condición dada por el CNE no solo obstaculiza su inscripción para la consulta del 26 de octubre, sino que amenaza la legitimidad y operatividad política del movimiento en las próximas elecciones legislativas, afectando gravemente a sus militantes y adherentes.
Además, el reconocimiento condicionado es ilegal y produce inseguridad jurídica, pues el proceso sancionatorio que utilizó el CNE acumula una larga demora que incumple con los estándares de debido proceso y celeridad administrativa.
Se espera que el Tribunal Superior de Cundinamarca decida sobre la medida provisional solicitada que obligue al CNE a otorgar libremente la personería jurídica al Pacto Histórico, para garantizar su participación en el calendario electoral.